Básicamente que el uso de la Antártida será exclusivamente para fines pacíficos y se prohibe toda actividad militar que no sea para ayudar en proyectos de investigación científica.

El tratado no suspende ni congela las reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida, mantiene el statu quo existente al momento de su firma preservando las posiciones de todas las partes. Los estados reclamantes pueden continuar negociando entre sí sus diferencias territoriales, pero no pueden ampliarlas ni se aceptará una nueva mientras se halle vigente el artículo que lo prohíbe.