Solo en la provincia de Esmeraldas se han deforestado más de 700.000 has de bosques nativos desde 1960 (Larrea, 2006). También en las provincias centrales del Ecuador, como Cotopaxi, se han calculado tasas de deforestación que llegan a 2.860 has anuales (Maldonado, y otros, 2006). En el 2003 los bosques nativos representaban el 13,26% de la superficie nacional, de los cuales, 6.785.563 has se superponen con comunidades afroecuatorianas y pueblos indígenas. De acuerdo con los datos sostenidos por la Coordinadora Nacional de Defensa del Manglar (2005), el 70% de las zonas de manglar y áreas salinas desaparecieron entre 1969 y 1999. Las provincias que mayor pérdida del manglar han tenido son Manabí con el 85% de su superficie y El Oro con el 46%. En cuanto a magnitud, la mayor pérdida ha sufrido Guayas con una reducción de 19.856 has y El Oro con 16.175 has. Según el Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (2001), los pastos plantados y los cultivos de ciclo corto ocupan el 23,7% del total de la superficie del país y la arboricultura el 6,2%. El restante 9,1% son cultivos de arroz, palma africana y camaroneras. El 5,3% de la superficie se encuentra erosionada o en proceso de erosión, principalmente en la región Sierra (Sáenz, 2005). El bosque húmedo de la Costa ha sido ocupado en más del 75% para la agricultura, seguido por el bosque seco occidental y la vegetación interandina con más del 70% de ocupación. De acuerdo al Análisis Ambiental País (Mentefactura, et al, 2006), el sector agropecuario es uno de los más desprovistos en términos de inversión, recuperación del suelo y mejora de la calidad productiva. En consecuencia, encontramos un avance indiscriminado de la frontera agropecuaria sobre los ecosistemas remanentes. Un cultivo de rápida expansión ha sido la palma africana, con más de 207.285,31 has acumuladas según el censo de ANCUPA en el 2005, lo que ha significado la conversión de 8.000 has de bosque nativo (Barrantes, 2001). Así también, el cultivo de flores y otros productos no-tradicionales registra altos impactos sociales relacionados a la modificación de patrones de producción (la OIT registra, en el 2002, la presencia de 6.000 niños y adolescentes en floricultoras), la salud de los trabajadores, contaminación en el uso de agua para riego e impactos en la seguridad alimentaria por reducir el mercado nacional de productos agrícolas a favor del aumento del mercado internacional (Barrantes, 2001).